El pasado 28 de febrero, el Estado de Honduras reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en el incendio que se produjo en el año 2004 en el presidio de San Pedro Sula y que causó la muerte de 107 privados de libertad.
La denuncia fue interpuesta por Caritas de Honduras, Diócesis de San Pedro Sula y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, quienes actuaron como peticionarias ante el sistema interamericano de derechos humanos en representación de los familiares de las víctimas.
En octubre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Honduras era responsable por dichas muertes y planteó una serie de recomendaciones que el Estado de Honduras no cumplió. En consecuencia el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien citó a las partes el pasado 28 de febrero en donde los funcionarios hondureños y las organizaciones peticionarias lograron una “solución amistosa del caso”.
La solución amistosa implica que el Estado de Honduras acepta:
– Su responsabilidad por la muerte de 107 privados de libertad, ya que es el garante de la vida de los privados de libertad recluidos en los centros penales.
Y se compromete:
– A investigar los hechos en el centro penal de San Pedro Sula en el año 2004, por medio de una comisión especial creada para este fin y conformada por 7 personas capacitadas en la materia propuestas por la Diócesis de San Pedro Sula y por el Estado y al nombramiento de un fiscal ad hoc para que se encargue de la investigación.
– A elaborar un manual para el manejo de los centros penitenciarios, indicando la forma en que se debe tratar a los privados de libertad. Es decir, deberá hacer protocolos efectivos para enfrentar emergencias que se produzcan en los centros penales y en general para mejorar las condiciones de vida en las cárceles del país.
– Construir una Penitenciaría Nacional en San Pedro Sula, así como a reformar estructuralmente 9 centros penales del país, que desde el año 2010 el Gobierno en consejo de ministros declaró en emergencia
– Realizar reformas legislativas encaminadas a la revisión y derogación del artículo332 denominada Ley Antimaras y a la adopción de una ley penitenciaria.
– El presidente Porfirio Lobo Sosa pedirá perdón a los familiares de las víctimas y creará un mecanismo de compensación del daño patrimonial y moral causado por las muertes violentas.
El reciente fallo ayudará a la sociedad civil hondureña a recuperar la confianza en la justicia, convencerse que la impunidad al más alto nivel puede ser vencida y que la ley tiene que imponerse con su imperio para lograr el entendimiento entre los ciudadanos. No hay duda que esto es un triunfo de la justicia, la ley y la ética.
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